Por José Granados Fernández
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Barranquilla y su Área Metropolitana han transitado de la violencia de la bonanza marimbera a la del Cartel de la Costa, en las décadas de los 70 y 80; después, a finales de los 90, sufrieron la crueldad parapolítica por la toma del poder regional; sin tregua, ahora afrontan el accionar de bandas criminales que se disputan las multimillonarias rentas ilegales de la venta de estupefacientes, calculadas en 2016 por Planeación Nacional en cerca de $130 mil millones anuales, negocio al que suman las amenazas extorsivas a todos los sectores poblacionales.

De asesinatos selectivos, incluidos casos de desmembramiento, la criminalidad ha escalado a las masacres: 11 entre 2022 y lo que va de 2023, lo que está generando un “inocultable desasosiego” en la comunidad. A lo anterior se suman “delitos de alto impacto” como los atracos a mano armada a cualquiera hora del día que el año pasado crecieron 41% -4.404 casos más que es 2021- y las intimidatorias extorsiones que, pese al subregistro en las denuncias, aumentaron 150% con 235 casos más que en 2021.

Ante tal escenario de violencia el Observatorio de Seguridad Ciudadana de la Universidad del Norte considera que “Barranquilla debe reorientar con urgencia su política de seguridad y convivencia”, en el entendido de que “contener el crimen organizado es prioritario para la estabilidad de la ciudad y su Área Metropolitana”, afirma el centro de estudios en el balance anualizado que recién publicaron los investigadores Janiel Melamed y Alberto Sánchez.

Al respecto, el profesor e investigador Luis Fernando Trejos plantea que como se trata de hechos que afectan a toda la población, es urgente “abrir un debate público” para contrarrestar institucionalmente la creciente criminalidad.

En pro de asegurar un desarrollo social y económico sin traumatismos asociados a la violencia, el Observatorio de Seguridad afirma que enfrentar al “fortalecimiento del crimen organizado constituye el principal reto estructural de la seguridad y la convivencia en el corto, mediano y largo plazo”, y plantea que debe existir “una estrategia que tenga como eje la actuación judicial”.

Al respecto, el profesor Melamed dice que más allá de estrategias como patrullajes permanentes y mixtos entre Policía y Ejército, es fundamental que haya decisiones judiciales más contundentes para restablecer el orden y la seguridad.

Justamente, la semana pasada las actuaciones judiciales locales contra las bandas criminales que operan en el Área Metropolitana fueron cuestionadas por el director nacional de la Policía, general Henry Sanabria. En entrevista con la colega Erika Fontalvo, directora de El Heraldo, reveló que en Barranquilla están investigando casos de policías, fiscales y jueces porque “no fluyen las cosas” en las investigaciones a dichas organizaciones delictivas. El oficial aseguró que aquí hay “connivencia”, “contubernio y coautoría”, más que complicidad, “frente a hechos delictivos y conductas punibles” de parte de quienes deben aplicar justicia.

Hace un año, la falta de actuaciones judiciales efectivas las asemejó el alcalde Jaime Pumarejo a una “orquesta desafinada”, recuerda el expersonero Arturo García Medrano y explica que por esas falencias apenas el 7% de los capturados por hechos criminales están en las cárceles. Es decir, en Barranquilla contra las bandas criminales lo que menos opera es la justicia.

Ante hechos que favorecen a delincuentes que no son judicializados en los términos que establece el Código de Procedimiento Penal, García también urge que el Distrito diseñe una “estrategia integral y una ruta más efectiva de prevención del delito” para frenar la cadena de violencia.

El expersonero sostiene que contra las bandas criminales “no pueden seguir repitiendo estrategias coyunturales”; afirma que se necesitan planes de seguridad a corto, mediano y largo plazo que, con la integración de todas las instituciones, “impliquen la liberación de comunidades enteras donde el delito es el pan nuestro de cada día”.

García Medrano llama la atención que en 2012 la Alta Consejería de Seguridad Distrital identificó 22 barrios donde se generaban hechos delictivos. Hoy, asegura, esos sectores bajo el influjo delictivo se han duplicado, por lo que hay trabajar para “entender y conocer de fondo la realidad del proceso de fortalecimiento que han tenido las bandas generadoras de violencia”.

Frente al creciente avance de la criminalidad, en entrevista con Emisora Atlántico, el personero Miguel Ángel Alzate planteó que Barranquilla debe crear la Secretaría de Seguridad y Convivencia, como un “ente técnico y no burocrático” que se “encargue de trabajar en el análisis y la prevención del delito”, que también sirva de articulador entre las diferentes entidades encargadas de velar por la tranquilidad comunitaria, Policía, Fiscalía y Rama Judicial.

El profesor Trejos comparte la propuesta y propone que la nueva Secretaría de Seguridad extienda su trabajo al Área Metropolitana, en coordinación con la Gobernación del Atlántico.

En la evaluación institucional contra las criminales, Trejos cuestiona, a su vez, el rol del Instituto Nacional Penitenciario, Inpec. Como hecho palpable, citó los videos amenazantes que alias ‘Negro Ober’ publicó el fin de semana.